PROBLEMATICA A NIVEL MUNDIAL

Las trabajadoras domésticas se enfrentan a la explotación laboral y toda una serie de abusos graves, que incluyen el maltrato físico y sexual, el confinamiento forzado, el impago de salarios, la negación de alimentos y atención sanitaria, y el exceso de horas de trabajo sin días de descanso.
En lugar de garantizar que las empleadas domésticas puedan trabajar con dignidad y libres de violencia, los gobiernos les han negado garantías laborales fundamentales que se ofrecen a otros trabajadores.

Los gobiernos excluyen habitualmente a las trabajadoras domésticas de las protecciones laborales normales y no controlan las prácticas de reclutamiento en las que se imponen fuertes cargas de deuda o se desinforma a las trabajadoras sobre sus empleos.
Millones de mujeres y niñas recurren al trabajo doméstico por ser una de las pocas oportunidades económicas con las que cuentan. Los abusos tienen lugar con frecuencia en hogares particulares y están totalmente ocultos al público.
En los peores casos, las mujeres y las niñas están atrapadas en situaciones de trabajo forzado o han sido traficadas para realizar trabajos domésticos forzados en condiciones similares a la esclavitud.

La feminización de la migración laboral es especialmente pronunciada en Filipinas, Indonesia y Sri Lanka, donde los cálculos a nivel nacional indican que las mujeres constituyen 60-75 por ciento de los migrantes legales, muchas de las cuales son empleadas como trabajadoras domésticas en el Medio Oriente y Asia.
Las trabajadoras domésticas son con frecuencia rehenes de agentes laborales o empleadores. Los gobiernos tienen que regular mejor las condiciones de trabajo, detectar las violaciones e imponer sanciones civiles y penales significativas.
La legislación laboral de Hong Kong constituye un ejemplo positivo: las trabajadoras domésticas tienen derecho a un salario mínimo, un día de descanso semanal, permiso de maternidad y fiestas no laborables.
En general, la legislación laboral debe complementarse con leyes penales que permitan el enjuiciamiento de delitos tales como: el abuso físico, psicológico o sexual; el trabajo forzado, el confinamiento forzado y el tráfico de personas.